07/19/2024 - Valora Analitik

Politicas Economicas

Autoridades estadounidenses presentaron un reciente informe en el que sustentan su preocupación por el actual clima para las inversiones de Estados Unidos en Colombia en medio del Gobierno de Gustavo Petro.

“La corrupción sigue siendo un problema importante. Los inversionistas y extranjeros se quejan de las barreras no arancelarias, regulatorias y burocráticas al comercio, la inversión y el acceso a los mercados a nivel nacional, regional y municipal”, aseguró una investigación del Departamento de Estado de EE. UU.

En Colombia -dice la autoridad- la inversión se ha vuelto muy complicada, entre otras cosas, por el acceso limitado a algunos ministerios y agencias del gobierno colombiano durante la administración actual. Y es que quienes contemplan traer recursos para diversos sectores citan la falta de consultas efectivas y oportunas con las agencias reguladoras en las decisiones que los afectan.

Se dice que por factores como la rotación de personal, la pérdida de experiencia técnica en los organismos gubernamentales y una ausencia de liderazgo de casi dos años en agencias reguladoras clave se están afectando las inversiones de Estados Unidos en Colombia, que es uno de los países más activos en ese rubro.

“Los inversionistas también señalan su preocupación por la lentitud de los procesos y las resoluciones inconsistentes en algunas agencias reguladoras, como el regulador de alimentos y medicamentos, Invima”, describe el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Pero un hallazgo importante del informe es que pese a todas estas barreras generalizadas quienes invierten a menudo se muestran reacios a expresar estas preocupaciones individualmente con el gobierno y prefieren plantearlas a través de asociaciones industriales.

El declive de las inversiones de Estados Unidos en Colombia

El Departamento de Estado de Estados Unidos señala que si bien la inversión extranjera directa se mantuvo fuerte en 2023, la administración de Petro ha impulsado el concepto de soberanía interna en sectores económicos clave, lo que ha creado altos niveles de incertidumbre dentro del sector privado.

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“La economía colombiana se expandió solo un 0,6 % en 2023, lo que marca una desaceleración sustancial después de dos años de sólida recuperación pospandémica. Una disminución del 25 % en la inversión, tasas de interés elevadas y un clima empresarial en deterioro contribuyeron a la marcada desaceleración del crecimiento”, describe.

Para la autoridad estadounidense, la administración pública y las actividades relacionadas desempeñaron un papel vital para compensar estos reveses, respaldadas por un mayor gasto gubernamental en gastos operativos.

El problema actual con las inversiones de Estados Unidos en Colombia se da en medio de un contexto en el que en 2023 las exportaciones denominadas en dólares experimentaron una disminución del 12,9 %, principalmente por la reducción de los precios de los hidrocarburos (petróleo, sus derivados y carbón).

Además, Colombia sigue por debajo del grado de inversión tras las rebajas de calificación de julio de 2021 de las agencias de calificación Fitch y Standard & Poor’s y según la encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia, los analistas económicos pronostican un crecimiento medio del PIB del 1,4 % para 2024.

Finalmente, el Departamento de Estado señaló el tema de las reformas del Gobierno y cómo estas también han repercutido en la parte de inversión.

En primera instancia se aprobó la reforma tributaria que entró en vigencia en enero de 2023, buscando reactivar la economía, generar empleo y contribuir a la estabilidad fiscal del país. Asimismo, el Gobierno también busca reformar los sistemas de salud, trabajo y pensiones, lo que ha causado preocupación entre los inversionistas.

“Inmediatamente después de que se archivara la reforma de salud de Petro a principios de abril de 2024, la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) en Colombia asumió el control de cuatro proveedores de seguros de salud, incluidos los dos más grandes de Colombia, por un año. Esta medida coloca a casi la mitad de los usuarios del sistema de salud de Colombia bajo el control del gobierno, lo que suma un total de 25,1 millones de personas”, expuso la entidad estadounidense.

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